Esta declaración recuerda que la libertad, la independencia y la seguridad en el ejercicio de la abogacía constituyen una garantía esencial del Estado de derecho y manifiesta su preocupación por el incremento de las descalificaciones públicas, los ataques personales y las presiones dirigidas contra profesionales de la abogacía por el mero hecho de asumir la defensa de sus clientes.
Asimismo, reafirma un principio básico de toda democracia: ningún abogado puede ser identificado con su cliente o con la causa que defiende, ya que su función consiste en garantizar el derecho fundamental de defensa con plena sujeción a la legalidad y a la deontología profesional.
La declaración concluye haciendo un llamamiento a los poderes públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad para preservar la independencia de la abogacía, evitando discursos que desacrediten a los profesionales por razón de la defensa que ejercen, en la convicción de que proteger la abogacía es proteger el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y, en definitiva, el Estado de derecho.
Junta De Gobierno